Isabel Cabetas Hernández.
Economista y Doctora en Psicología. Jubilada. Capacidad investigadora, docente y clínica
CLAVES DEL ARTÍCULO
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Una de las mayores dificultades de algunos jubilados españoles y de otros países es la bajísima pensión. La sociedad más prejuiciada aún critica a los mayores que tienen dinero, y que se ven por ello mal considerados y luchan, sin gran resultado, por corregir las economías débiles sociales que dañan considerablemente a muchos de ellos.
En España se acentúa el prejuicio de juzgar pensiones públicas excesivamente ajustadas. Estando la pensión del jubilado entre los porcentajes más bajos de la UE-15 (países de comparable desarrollo económico), al incrementarlas según el índice de inflación y no en base al promedio salarial (también bajo en España) los pensionistas van deteriorando progresivamente su nivel de vida relativo respecto al resto de la población.
El poder de compra de las personas mayores españolas respecto al salario medio, llamado “tasa de reemplazo”, aunque es alto (88%), está calculado en base a 40 años de cotización, cuando la realidad nacional es de 35 y aún menos para las mujeres. Y el salario medio nacional ya es bajo respecto a los demás países de la UE-15. Las pensiones mínimas son inaceptables.
El abandono laboral
La continuidad o abandono laboral más flexible deben potenciarse de forma especial con ciertos tipos de trabajo así como aumentar la proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización en vida laboral y la cuantía de la pensión, que además fortalecería el carácter contributivo del sistema. Es muy elocuente la rebelión de los propios mayores buscando aliviar con su actitud asociada la escasez económica que reivindican.
El mayor necesita un sueldo que le permita vivir dignamente pero será una carga social si no colabora en repartirla de forma confortable. Está bien atender el derecho colectivo de jubilación pero también es correcto facilitar la continuidad laboral voluntaria cuando no se quiera ejercer ese derecho, y las condiciones de salud del mayor lo aconsejen. La jubilación obligatoria establecida de forma rígida pervierte el control social, encarece el sistema laboral y desaloja contra su voluntad a personas cualificadas para la docencia, investigación, negociación y demás actividades de indudable interés. La jubilación forzosa en función de la edad es claramente discriminatoria y como tal, injusta.
El 80% de la población está a favor de la jubilación voluntaria y conlleva una gran satisfacción para el ciudadano por lo que supone un mejor control sobre su vida. La Economía se beneficiaría de ello gracias al ahorro de gastos sanitarios y sociales; se prolongarían las cotizaciones a la Seguridad Social y habría un considerable ahorro en pago de pensiones (Fdez Ballesteros, J., Díaz, N. y Salas, M. 2009).
España tiene una de las mayores esperanzas de vida mundial; el aumento ha sido muy intenso en las últimas tres décadas, pasando en los hombres de 72 a 79 años, y en las mujeres de 78 a 85, en el periodo 1980 a 2010. En los siguientes 25 años no es indudable aún la continuidad de esta tendencia, por posibles variables que la alteren.
Los adultos aún no jubilados en España no tienen la conciencia social de querer aportar su productividad y prolongar la vida activa mientras su salud lo permita. Tampoco aprecian nuestros trabajadores cómo van a quedar sus ingresos con el retiro laboral ni toman conciencia de que frecuentemente esos ingresos disminuyen de forma drástica; ni reclaman a la sociedad su equiparación con el resto de Europa. De cualquier forma, el trabajo remunerado y voluntario del mayor no debe aminorar la cuantía de su pensión por jubilación, que es un derecho histórico adquirido y resultado de su esfuerzo en su vida laboral.
Tampoco el mayor puede esperar todo y solo del Estado. No es cuestión de que la falta de planificación desemboque en una jubilación sin previa garantía personal de una pensión mínima pero, además, es positivo que consiga individualmente unos ingresos públicos y privados totales razonables al iniciar su retiro del mundo laboral (De Miguel, A. 2005).
Consecuencias
Los 75 años de jubilación recientes en España eran legales pero no reales; sin embargo, si los empresarios tienden a prescindir del trabajador cuando éste se acerca a los 60 años de edad, nada sirve postergar por Ley la edad de Jubilación. Parece conveniente para el mayor y el Fisco considerar un periodo mayor que el de los últimos quince años para fijar la pensión en función de las bases de cotización que, en la mayoría de los casos, son las más bajas de su vida laboral.
En Francia han comenzado a funcionar hogares-residencia para mujeres jubiladas de escasa pensión. Auto-gestionados, funcionan con mínima ayuda y compartiendo gastos. Son, como en el ejemplo español anterior, un buen proyecto de libertad y bienestar colectivo. Estas mujeres no suponen una carga para los hijos y practican la solidaridad entre ellas; vivir en comunidad sin implicaciones legales financieras o jurídicas se basa en una solidaridad de amistad y respeto que ayuda a envejecer bien. No nos engañamos: entendemos que el equilibrio de este bienestar es más que inseguro.
Se requiere en Europa unificar esquemas financieros en la jubilación del mayor. La reforma de las pensiones también hay que afrontarla complementando éstas con un sistema de capitalización y desgravaciones fiscales que mejoren la economía de los jubilados. Insistimos: todavía en el mundo desarrollado hay jubilaciones con pensiones ínfimas que suponen una seria dificultad para vivir dignamente. Estados Unidos es pionera a responder colectivamente desde las asociaciones de jubilados reclamando, en muchas ocasiones con éxito, una mejor solución económica para el mayor.
En Naciones Unidas también se ha conseguido que los mayores reclamen con éxito y responsabilidad activa su autonomía financiera y social. Se está produciendo una demanda de libertad individual del mayor frente a la secular dependencia obligada que lucha por ser fuente de cambio social y político. Mujeres mayores, con nueva representación social, nuevo lenguaje y percepción del mundo diferente, están cambiando las coordenadas tradicionales de poder.
NOVEDADES
Nov 2017 Documento BOE-A-2017-12207
Nueva ley de autónomos que entra envigor de forma inmediata y también a partir del 1 de enero del año próximo.
Parece que permite que los pensionistas que estén acogidos a ella puedan hacerlo, aunque tienen que contratar a una persona por el régimen general de cotización (también hay posibilidades de contratación familiar).
P. 23 del doc BOE disposición final 5.
Claves para asegurarse una nueva jubilación
La pensión pública será muy inferior en el futuro, lo que apremia a invertir con tiempo y criterio. La inversión conservadora no bastará y hay que aspirar a batir con creces la inflación.
La recta final del año suele ser el momento más frecuente para pensar en la pensión que quedará tras la jubilación. Las entidades financieras activan su maquinaria comercial para la captación DE PLANES DE PENSIONES, ya que es en ese periodo cuando este producto despliega su atractivo fiscal; al permitir la rebaja en la base imponible por lo aportado, con un máximo de 8.000 euros al año. Sin embargo, la creciente necesidad de ahorrar de cara a la jubilación no entiende de fechas en el calendario y, si bien el otoño es la época más frecuente para hacerlo, la realidad demográfica y eeconómica hacia la que se dirige el país es por sí sola argumento de peso para adelantarse al frío invierno que le espera a las pensiones públicas.
El envejecimiento de la población es una evidencia. La prolongación de la esperanza de vida hace que los jubilados lo sean durante más tiempo, un desafío tremendo para la Seguridad Social y que augura pensiones más bajas para quienes se jubilen en el futuro. La reforma en profundidad del Sistema es tarea pendiente para la que no existe aún el contexto político necesario pero los cambios aplicados en 2013 ya supondrán novedades y rebajas sustanciales. Para empezar, la edad de jubilación se va retrasando de forma progresiva, de modo que los 67 años sean la edad efectiva del retiro a partir de 2027.
2019: Factor de sostenibilidad
Pero la gran novedad llegará mucho antes, en 2019, cuando se introducirá el denominado factor de sostenibilidad en el cálculo de las pensiones, que tendrá en cuenta para su cálculo el crecimiento de la economía, los precios, la estimación de ingresos y gastos de la Seguridad Social y la esperanza de vida de quienes se jubilan cada año. Nada que ver con una simple actualización según la tasa de inflación, que ya quedó enterrada en 2013, de modo que la revisión anual de la pensión según el IPC no puede ser inferior al 0,25% pero tampoco superior al 0,5%. En 2022 se hará completamente efectivo otro cambio iniciado en 2013, que amplía anualmente los años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Así dentro de cinco años se tomarán los últimos 25 años. Esto también contribuirá a una pensión más baja ya que el sueldo más alto suele concentrarse al final de la vida laboral.
En definitiva, todo un abanico de medidas que apunta una fuerte rebaja de la tasa de sustitución, por la que ahora un jubilado pasa a cobrar de pensiónal equivalente al 80% de su sueldo. La OCDE establece que el nivel de protección de los jubilados debe rondar el 60%, un porcentaje que se alcanzará fácilmente en los próximos años y que será muy inferior para las rentas altas, aquellas q1ue máspueden permitirse el ahorro para la jubilación tras años de crisis que han acentuado la desigualdad y rebajado los salarios.
Ver también otro artículo de la autora relacionado:
â–ºLa economía del jubilado (II): Jubilación activa voluntaria